Desde la izda.: Víctor Aznar, presidente SATSE, Máximo González, presidente del CGE, Carlos Vázquez, coordinador del equipo de juristas que ha elaborado el dictamen y Francisco Corpas, director de la asesoría jurídica del CGE.
El dictamen jurídico independiente confirma que hay fundamentos más que suficientes para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo pidiendo la suspensión de este artículo del RD, una vez se publique en el BOE
El texto cierne sobre el enfermero una enorme inseguridad personal y profesional al obligarle a decidir entre cumplir la legalidad o actuar en contra de lo que dice el RD. Este último supuesto podría acarrearle responsabilidades disciplinarias, civiles e incluso penales
La nueva redacción del artículo 3 del Real Decreto genera también inseguridad en todo el sistema sanitario, pues en lugar de cumplir la finalidad de la Ley del Medicamento de dar cobertura a una serie de situaciones no reguladas, provocará descoordinación y caos
La Mesa de la Profesión Enfermera presentó ayer, en rueda de prensa, los fundamentos del Dictamen Jurídico elaborado por un equipo de juristas del despacho Gómez-Acebo & Pombo, dirigido por el prestigioso catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor. Las conclusiones de este equipo de profesionales independientes han venido a confirmar las advertencias que, desde hace semanas, viene realizando públicamente la profesión enfermera: el texto final del Real Decreto de Prescripción Enfermera aprobado en Consejo de Ministros y modificado ilícitamente por el Gobierno del PP, acarreará para los enfermeros consecuencias muy graves de carácter penal, civil, laboral y administrativo.
“Una vez que el Real Decreto de prescripción enfermera llegue a publicarse en el BOE, los enfermeros se enfrentarán a una grave inseguridad jurídica y a un riesgo de responsabilidades personales muy fuertes”. Así de contundente se ha mostrado el coordinador del equipo de juristas que ha elaborado el dictamen, Carlos Vázquez Cobos, durante la presentación a los medios del Dictamen Jurídico realizado por iniciativa de la Mesa de la Profesión Enfermera -formada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, SATSE-.
Entre las principales conclusiones a las que han llegado estos juristas, que se caracterizan por su absoluta independencia respecto al conflicto profesional, destaca que “este texto no se ajusta a la legalidad” porque va en contra de la Ley del Medicamento aprobada en 2009, que modificaba el texto normativo de 2006.
“Hemos visto que hay una enorme inseguridad en la propia legalidad del decreto porque tenemos grandes dudas sobre la manera con la que se ha aprobado. Introduce unos requisitos que no están en la ley”, ha puntualizado Vázquez, quien ha confirmado que hay fundamentos más que suficientes para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo pidiendo su suspensión.
Inseguridad a todos los niveles
El jurista ha aseverado que “desde el punto de vista jurídico provoca inseguridad a todos los niveles. Obliga al médico a hacer todo, a estar presente en todos los procesos de diagnóstico, seguimiento… Sobre el enfermero se cierne una enorme inseguridad personal y profesional. Tiene que decidir entre cumplir la legalidad o actuar en contra de lo que dice el RD, lo que igual le acarrea responsabilidades, incluso penales”.
Asimismo, ha apuntado que “para el sistema sanitario en sí también genera inseguridades, pues en lugar de cumplir la finalidad de la Ley, de dar cobertura a una serie de situaciones no reguladas hasta entonces, provocará descoordinación. Esta regulación impide que se cumpla lo que la Ley establece. Es totalmente desaconsejable la aplicación del RD en los términos en los que está redactado. Se aconseja la impugnación del mismo. Hay un riesgo de responsabilidades de todos aquellos profesionales que intervienen en el proceso”.
Además, en cuanto a la modificación del decreto a última hora y sin previo aviso a las partes implicadas, desde Gómez-Acebo & Pombo han explicado que “si un decreto que ha obtenido el visto bueno del Consejo de Estado se modifica sustancialmente a la hora de aprobarse, debería volver a someterse a un nuevo proceso de análisis”. En este sentido, el dictamen considera que “aunque sólo es un párrafo lo que ha cambiado, en realidad es una modificación sustancial porque cambia todo el decreto”.
Ante esta situación en la que se encontrará la profesión nada más publicarse el decreto (ayer cumplió un mes desde su aprobación en Consejo de Ministros), el presidente del CGE, Máximo González Jurado, y el del SATSE, Víctor Aznar, recordaron que “la traición del Gobierno del PP hace imparable las movilizaciones de la profesión”. “Esto no hay quien lo pare en 2016 y vamos a luchar porque se modifique el artículo 3 del decreto tal y como ha sido aprobado”, ha destacado González Jurado.
Tras escuchar los fundamentos del dictamen del equipo de juristas, González Jurado puntualizó que “si este decreto se publica en el BOE, será imposible de aplicar”. “Esto que han hecho es la antología del disparate y la inaplicabilidad, por lo que la única salida que hay ahora es que el próximo Gobierno que saldrá de las elecciones generales del 20 de diciembre busque un acuerdo y un buen consenso entre las dos profesiones”, afirmó.
Por su parte, Víctor Aznar ha anunciado que en el momento que se forme un nuevo Gobierno, la enfermería le dará 100 días para que se modifique y si no se hace, “reaccionaremos convocando un gran congreso con 15.000 enfermeras en Madrid”. “Queremos que sean los profesionales los que movilicen el cambio”, ha aseverado Aznar, que recordó que ya se han reunido con los principales partidos políticos (PSOE, Ciudadanos, Podemos y PNV) y con los gobiernos de las CC.AA, y todos les han mostrado su apoyo y la necesidad de cambiar este artículo.
PSOE, Ciudadanos, Podemos y PNV
“El PSOE ya lo ha incluido en su programa electoral y Ciudadanos, Podemos y PNV también nos han dicho que el mismo día que se publique, ellos lo impugnarán. Un total de 12 comunidades autónomas también nos han dado su respaldo. No vamos a permitir que a ningún profesional se le chantajee y, en cuanto se publique, nosotros presentaremos el recurso ante el Tribunal Supremo”, resaltó Víctor Aznar.
Con las conclusiones del dictamen, y constatando el apoyo por parte del resto de partidos y la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas, la Mesa de la Profesión Enfermera ha asegurado que lo más lógico es que el Real Decreto nunca llegue a publicarse en el BOE. “El artículo 3 del decreto está muerto y aquí tiene que haber un cambio”, concluyó González Jurado.
