Declaraciones del presidente del Consejo General de Enfermería de España ante la retirada por parte del Gobierno de una partida de mascarillas, supuestamente de tipo N95, que estaba ya repartida por centros sanitarios de toda España
Es una situación muy grave. Isabel Camacho, enfermera asistencial de atención primaria en Guadalajara, vicetesorera del Consejo General y miembro de la Comisión Ejecutiva, confirma que estas mascarillas llegaron el 7 de abril y los profesionales han estado diez días usándolas, confiando en que estaban protegidos cuando realmente no era así. Estos hechos también han sido confirmados por enfermeras y enfermeros del Servicio Madrileño de Salud. Los profesionales nos siguen trasladando que no tienen material de protección suficiente y que lo que hay lo tienen que reutilizar durante tres y cinco días y que se siguen fabricando batas con bolsas de basura.
Esta puede ser una de las principales razones por la que los contagios de los profesionales se siguen disparando, tal y como ponen de manifiesto los datos del Ministerio de Sanidad que reconocen 29.467 profesionales infectados, lo que supone ya el 15,67% de los casos confirmados en nuestro país o la última encuesta que hemos realizado desde el Consejo General de Enfermería en la que los resultados preliminares nos muestran que en torno a 70.000 enfermeras han tenido o tienen síntomas compatibles con el COVID-19.
La gestión que está llevando a cabo el Gobierno es caótica y absolutamente descoordinada. Después de tener que esperar semanas para empezar a recibir material de seguridad ahora resulta que parte del que ha llegado es defectuoso y no cumple con las garantías necesarias. Queremos recordar que los profesionales se están jugando la vida mientras que los responsables políticos no son capaces de garantizar la eficacia y seguridad de los materiales que compran, como estas mascarillas o los miles de tests defectuosos.
Pedimos al Ministerio de Sanidad que profesionalice de una vez por todas la gestión de la pandemia, impulsando una coordinación real entre todas las Comunidades Autónomas y contando con los representantes de profesionales sanitarios para que, uniendo fuerzas, se puedan adoptar las decisiones necesarias en base a la realidad existente en los hospitales y centros sanitarios. Hace falta una coordinación científica e independiente que tome las decisiones sin condicionamiento político o ideológico alguno, motivado solo por la salud pública.
Llueve sobre mojado. Es incomprensible que siendo el país con mayor número de profesionales contagiados, a día de hoy los profesionales sigan así, sin el material adecuado. Son muchos los centros sanitarios que siguen sin disponer de todo el material de seguridad necesario para poder prestar la asistencia sanitaria sin necesidad de jugarse la vida. Todavía hay miles de profesionales que no tienen trajes EPIs adecuados, mascarillas FFP2 o FFP3, batas impermeables, protecciones oculares adecuadas, guantes… Seguimos obligando a los profesionales a jugarse su vida y a poner en riesgo la de sus familias porque al volver a casa conviven con ellos.
La sensación de desprotección e impotencia que sufren es enorme y no hace más que aumentar con el paso de los días. Situaciones como ésta resultan por ello absolutamente intolerables.
Tampoco hay test para todos los profesionales sanitarios y, por tanto, en muchos casos no tienen posibilidad de confirmar si realmente están contagiados o no, con el riesgo que esto supone para ellos, para sus familiares y para los pacientes. Por eso pedimos, una vez más, al Ministerio de Sanidad y a las CC.AA. que de una vez protejan a nuestros profesionales sanitarios como es debido, reconociendo una protección de máximos en los protocolos, dotando del número y calidad necesarios los equipos de protección individual, no recomendando su reutilización y realizando test masivos a los profesionales que están en primera línea combatiendo esta emergencia sanitaria”.
