La Organización Colegial de Enfermería en su conjunto defiende una correcta y clara regulación de las condiciones laborales de los enfermeros internos residentes (EIR) a los que ha incorporado a la lucha contra el COVID-19 para que se salvaguarden sus derechos y no reciban una remuneración menor cuando están arriesgando su propia vida por los demás.
El Ministerio de Sanidad ha emitido una nueva orden para modificar otra vez los plazos para las evaluaciones anuales y la evaluación final de todos los residentes sanitarios. Todo ello se enmarca dentro de las medidas para luchar contra los estragos del COVID-19 para lo que se reclutó a los enfermeros y médicos residentes para incorporarlos a la atención a pacientes con COVID-19 aunque no hubieran finalizado el periodo de residencia. Esto se ejecutaría mediante la prórroga de sus contratos -con un sueldo sensiblemente menor al que percibirían trabajando de enfermera generalista- cuando lo justo y razonable sería que se adecuasen al trabajo y las funciones a realizar. Conviene no olvidar que esas enfermeras que han superado un durísimo examen para poder acceder a la especialidad se van a poner al servicio de la Sanidad pública siendo ya enfermeras graduadas y generalistas, en aquellas áreas donde se estime más oportuna su presencia para enfrentarse a la mayor amenaza sanitaria de nuestra historia reciente. Y todo ello, sin los medios materiales necesarios en algunos casos y expuestos a un contagio que ya se ha cobrado muchas vidas.
La Organización Colegial de Enfermería ha peleado porque las condiciones de contratación de esas enfermeras y enfermeros sean equiparables al resto de sus compañeros, con las mismas condiciones laborales y retributivas que el resto de enfermeras generalistas, algo lógico y merecido. Es por ello por lo que la Enfermería española reclama al departamento que dirige el ministro Salvador Illa que de una vez por todas resuelva y aclare las situaciones concretas derivadas de estos contratos, incluyendo las funciones que de forma efectiva se vengan realizando y el correspondiente abono por las mismas.
Lo único que aclara la Orden Ministerial de cara a la incertidumbre en la que viven los EIR, lo que supone un agravante en el drama y el estrés asistencial en el que viven los profesionales sanitarios, es el acuerdo sobre el inicio de los plazos para realizar las evaluaciones a partir de hoy y la fijación del próximo 28 de mayo como fecha máxima de residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios de formación especializada.
Injusticia
Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería de España, asegura que “es inadmisible que el Ministerio de Sanidad no haya planteado unas condiciones de trabajo -en lo organizativo y en lo retributivo- más claras y sin ambages. Estamos hablado de movilizar a miles de profesionales en la lucha contra la mayor emergencia sanitaria que se recuerda y no podemos enviar al frente a profesionales de primer nivel prorrogando sus contratos sin más y derivando a las comunidades autónomas la decisión sobre sus condiciones laborales. Esos enfermeros residentes van a arriesgar su vida por los demás, no se puede ser injusto con ellos porque lo están dando todo, porque el ministerio, el Gobierno y la sociedad en su conjunto tiene una deuda con ellos”.
“También me gustaría trasladarle al ministro Illa” -añade Pérez Raya- “que no sólo se refiera en sus comparecencias públicas a los médicos internos residentes, sino que miles de enfermeros también realizan una especialidad, aunque se le olvide por el ridículo número de plazas ofertadas y el poco interés que éste y los anteriores Gobiernos de España han puesto en la especialización de la Enfermería”.
