El Consejo Andaluz de Enfermería, en defensa de la seguridad y la protección de las más de 40.000 enfermeras andaluzas a las que representa, viene exigiendo a la Administración sanitaria y sus responsables tanto por carta, comunicados, a través de los medios y recurriendo incluso a los tribunales de justicia y al Defensor del Pueblo Andaluz, que se dote de los recursos adecuados (mascarillas de alta eficacia FFP2 o FFP3, gorros apropiados, guantes que frenen el paso del virus, gafas y pantallas de protección, y batas impermeables para evitar el contagio,…), así como que se les realicen apremiantemente los test comprobatorios a los profesionales sanitarios para poder trabajar con todas las garantías.
A todo ello se suma la terrorífica cifra de que haya un 32% de contagios de profesionales sanitarios respecto al total de infectados en Andalucía, muy por encima de la ya alarmante media de España del 20%, superándose exponencialmente el índice de contagios de sanitarios registrados nivel internacional (China, Italia).
La Delegación Territorial de la Inspección de Trabajo en Andalucía ha admitido a trámite la denuncia presentada por el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), en defensa de los derechos que como trabajadores – públicos o privados – tienen las enfermeras y enfermeros, y que están siendo vulnerados a diario ante la falta de recursos materiales adecuados con los que protegerse en la lucha que libran en primera línea de batalla contra el COVID-19, lo que supone un quebrantamiento flagrante de la legislación de riesgos laborales. En su respuesta, la Inspección de Trabajo ha comunicado a este Organismo que ya ha efectuado propuesta de requerimiento al Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre el cumplimiento de medidas preventivas frente al riesgo de exposición al coronavirus, advirtiéndole que debe adoptar obligatoriamente todas las medidas de protección acordadas y recomendadas por las autoridades sanitarias.
La celebración del Día Internacional de los Trabajadores, este primero de mayo, pone más de manifiesto si cabe, la necesidad de esta reivindicación profesional mediante la denuncia interpuesta por acuerdo unánime del Pleno de Presidentes del CAE, por la que solicitamos a la Delegación Territorial de la Inspección de Trabajo que, tras las inspecciones necesarias, dicte oficio por el que se requiera con carácter de urgencia al Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud para que adopten las medidas preventivas necesarias para dotar a los enfermeros/as de los equipos de protección individual (EPI) para poder trabajar y combatir dicha pandemia, acorde a los protocolos de seguridad y conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales. Asimismo y en el caso de que a través de la correspondiente investigación quedara demostrada la comisión de delitos por vulneración de la legislación de riesgos laborales, el CAE solicita el apercibimiento de la sanción correspondiente y que se eleve parte de culpa a la Fiscalía de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal de Justicia de Andalucía.
Con la reclamación presentada ante la Inspección del Trabajo, el Consejo Andaluz, como representante de los profesionales y sus Colegios Provinciales, denuncia tanto al Ministerio de Sanidad, por su responsabilidad en el déficit de material de protección y la falta de previsión para haber atendido adecuadamente la crisis, como a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, última responsable del control y vigilancia en la gestión de los centros sanitarios públicos y privados en Andalucía, que se encuentran obligados al cumplimiento de la legislación de riesgos laborales. Así, la admisión a trámite de la misma implica un paso adelante en el incesante trabajo de esta Corporación en defensa de los derechos de sus profesionales, al considerar que en cuanto a la gestión de esta pandemia están siendo pisoteados. De forma reiterada y a través de todos los cauces posibles el CAE, en defensa de la seguridad y la protección de las más de 40.000 enfermeras andaluzas a las que representa, viene exigiendo a la Administración sanitaria y sus responsables tanto por carta, comunicados, a través de los medios y recurriendo incluso a los tribunales de justicia y al Defensor del Pueblo Andaluz, que se dote de los recursos adecuados (mascarillas de alta eficacia FFP2 o FFP3, gorros apropiados, guantes que frenen el paso del virus, gafas y pantallas de protección, y batas impermeables para evitar el contagio,…), así como que se les realicen apremiantemente los test comprobatorios a los profesionales sanitarios para poder trabajar con todas las garantías, máxime cuando precisamente una de las mayores preocupaciones que nos transmiten, es que por la carencia de dichos medios están contagiándose, con la ansiedad añadida que les genera el que debido a la falta de material y pese a hacer lo posible e imposible para que esto no suceda, puedan involuntariamente propagar el virus a cuantos pacientes acuden a sus centros de trabajo, y a sus propios familiares cuando regresan del trabajo a sus domicilios.
A todo ello se suma la terrorífica cifra de que haya un 32% de contagios de profesionales sanitarios respecto al total de infectados en Andalucía, muy por encima de la ya alarmante media de España del 20%, superándose exponencialmente el índice de contagios de sanitarios registrados nivel internacional (China, Italia). Toda esta gravísima crisis ha provocado, además, el que ya hayan fallecido más de 55 sanitarios en todo el país. Por ello y teniendo además en cuenta que el inasumible índice de contagios entre sanitarios ha sido vinculado por la propia Dirección del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias a la escasez de equipos de protección, evidenciando la situación a la que se están enfrentando nuestros profesionales en sus centros de trabajo, el CAE acordó interponer la denuncia que ahora prospera ante la Inspección Territorial de Trabajo en Andalucía, en defensa de los derechos laborales de sus colegiados.
