El Defensor del Pueblo Andaluz ha comunicado al Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) que ha admitido a trámite la queja en la que denunciaba la situación que atraviesan las enfermeras y enfermeros que prestan sus servicios en los centros públicos y privados de la Comunidad Autónoma por la falta de material de protección adecuado en la lucha contra el COVID-19, como resultado de la nefasta gestión de Gobierno y Junta en la crisis sanitaria derivada de la pandemia.
Además, en su escrito, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, informa a la corporación enfermera que atendiendo a la queja interpuesta, “se han iniciado las actuaciones ante los organismos administrativos afectados para investigar los hechos que motivan su reclamación”, y ya ha solicitado “los informes necesarios ante la Viceconsejería de Salud y Familias para poder conocer todos los datos precisos que afectan a esta cuestión”.
La queja ahora admitida por el Defensor del Pueblo Andaluz fue interpuesta el pasado 24 de abril por acuerdo unánime del Pleno de este organismo, solicitando la investigación de las actuaciones, medidas adoptadas y acciones de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Junta y su Consejería de Salud y Familias, que han puesto en riesgo la salud y la vida de los profesionales de enfermería y demás sanitarios, así como la de sus pacientes e incluso la de sus familiares, al no contar ni con los materiales de protección adecuados, los pertinentes y necesarios test de detección, ni tampoco con suficientes recursos humanos para garantizar la seguridad de todos los efectivos del sistema sanitario público.
De esta manera, el Consejo Andaluz de Enfermería reconoce la determinación del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, quien expresamente recoge en su resolución que “a pesar de la excepcionalidad de la actual situación en la que nos encontramos tras la declaración del estado de alarma, dada la trascendencia del asunto suscitado en su queja, hemos solicitado de la Administración señalada que dé cumplimiento a nuestro requerimiento con la mayor celeridad posible”.
La queja que el Defensor del Pueblo Andaluz admite a trámite con el correspondiente requerimiento a los organismos competentes se suma a las diversas reclamaciones dirigidas desde el CAE y su Pleno de Presidentes a diferentes responsables y entes públicos, en defensa de la seguridad y la protección de las más de 40.000 enfermeras andaluzas a las que representa. Tras las admisiones a trámite de una denuncia similar ante la Delegación Territorial de la Inspección del Trabajo y de la denuncia del Consejo ante el TSJA, llega ahora al CAE la respuesta del Defensor del Pueblo Andaluz, que como garante de los derechos de la ciudadanía andaluza atiende la petición de esta corporación, dando un paso adelante ante la apelación de la enfermería andaluza por considerar que se están vulnerando los derechos fundamentales de los profesionales sanitarios, sus pacientes, sus familiares y la población andaluza en su conjunto.
La premura y urgencia dada a la queja del CAE por el Defensor del Pueblo Andaluz, a pesar de las limitaciones a las que hace mención en su escrito por las circunstancias en que nos encontramos y la “trascendencia” a la que se refiere en el mismo, vienen a poner de manifiesto el desamparo y el abandono de nuestros profesionales sanitarios en su lucha diaria contra esta pandemia, sin los medios de protección adecuados por la falta de previsión y la improvisación del Gobierno y la Junta en la gestión de esta crisis sanitaria. Unas actuaciones negligentes que tienen su reflejo más evidente en las abrumadoras cifras de sanitarios contagiados y fallecidos.
Así, hemos de recordar que en Andalucía se ha alcanzado la terrorífica cifra de un 30,34% de contagios de profesionales sanitarios respecto al total de infectados en la Comunidad, muy por encima de la ya alarmante media de España del 21,82%, superándose exponencialmente el índice de contagios de sanitarios registrados a nivel internacional. Con este inaceptable porcentaje, que no tiene parangón en ningún país del mundo, Andalucía se sitúa a la cabeza a nivel nacional e internacional de contagios entre sus profesionales. A pesar de todas estas circunstancias, los profesionales sanitarios andaluces han continuado ofreciendo la mejor atención posible a los pacientes, temerosos de poner no sólo en riesgo sus propias vidas por esta falta de medios, sino también las de los propios ciudadanos a los que atienden e incluso las de sus familias.
