La Mesa de la Profesión Enfermera denuncia que los máximos responsables en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid están sometiendo al Ministerio de Sanidad a una presión mediática permanente para conseguir a toda costa que se puedan hacer test COVID en las oficinas privadas de Farmacia. Se trata de una actuación irresponsable que va en contra de la salud de los ciudadanos y de los criterios de médicos, enfermeros y sociedades de salud pública y enfermedades infecciosas
Madrid, 10 de diciembre de 2020. – La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital que dejen de atosigar y presionar de forma irresponsable al Ministerio de Sanidad para que autorice a toda costa que las oficinas privadas de farmacia hagan test rápidos de detección COVID.
“Están actuando de forma populista, tratando de impedir que el Ministerio de Sanidad pueda tomar la decisión adecuada en plena libertad priorizando la seguridad y salud pública de los ciudadanos, tal y como han declarado públicamente sociedades científicas y organizaciones profesionales especializadas, además de estar obligado a respetar la múltiple normativa vigente que impide la realización de estos test rápidos en las oficinas privadas de farmacia por profesionales no competentes para ello”, apunta la Mesa Enfermera.
La Mesa de la Profesión Enfermera recuerda también que “no se puede hacer caso omiso al riesgo que conlleva esta medida, porque en las oficinas privadas de farmacia existe un tráfico continuo de ciudadanos, muchos de los cuales son vulnerables, como los mayores, pacientes crónicos o personas inmuno deprimidas”.
Cabe recordar, además, que el Ministerio de Sanidad y el propio CSIC en un informe recientemente publicado ya han confirmado el contagio de COVID por aerosoles, es decir, pequeñas gotitas que flotan en el ambiente durante horas. La entrada y acumulación de personas, algunas posiblemente infectadas, en una farmacia para hacerse las pruebas supone la concentración de estos aerosoles y multiplica las posibilidades de contagio, poniendo en riesgo la salud y la vida de todas las personas que entren posteriormente a comprar su medicación u otros productos (belleza, aseo personal…) que están a la venta.
Así se han manifestado públicamente el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), que representa a 46 sociedades científicas-médicas; la Unión Española de Sociedades científicas de Enfermería (UESCE), integrada por 41 sociedades científicas enfermeras españolas, la Federación de Sociedades de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), que integra a 15 sociedades científicas enfermeras de este ámbito, así como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), y otras sociedades científicas y grupos de Enfermería, junto a la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería y la Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Enfermería (CNDE).
De otro lado, la Mesa Enfermera recalca que esta medida iría en contra de la legislación vigente porque “si se permite la realización de test en las farmacias se estarán vulnerando un total de doce normas nacionales y europeas”, y adelanta que utilizará todas las vías legales existentes para recurrirla. “Llegaremos a todas las instancias judiciales incluyendo las europeas. Vamos a luchar por la seguridad de nuestros pacientes”, añade.
Por último, la Mesa de la Profesión Enfermera reclama prudencia, rigor científico y sentido común para que, ante todo, se priorice la seguridad y salud de las personas. ¿Quién va a hacerse responsable de los potenciales contagios y transmisión de la enfermedad que puede suponer esta medida?”, concluye.
