Momento de la intervención del secretario del Colegio de Enfermería, Manuel Cano.
Entre las novedades en la lucha contra esta lacra, está la creación del Observatorio de Agresiones de Andalucía y la consideración del personal del Sistema Sanitario Público como autoridad pública, con la protección que tal condición garantiza
El secretario del Colegio de Enfermería, Manuel Cano, en su intervención, puso de manifiesto la preocupación existente desde el Colegio provincial con respecto a este tipo de situaciones y ofreció, una vez más, el firme compromiso de la institución en la máxima colaboración con todos los agentes implicados al tiempo que felicitó a la Administración por la reciente creación del Observatorio que sin duda permitirá conocer la realidad de esta lacra
Inmaculada Martínez.- El Hospital Universitario de Jerez ha acogido una nueva reunión de coordinación del año de la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de centros sanitarios; este instrumento, contemplado en el Plan de Prevención y Atención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que entró en vigor hace dos años, pretende encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales.
La comisión, presidida por la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, cuenta con la participación del interlocutor sanitario, el interlocutor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como de Algeciras, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud y Consumo, así como los referentes en materia de agresiones de los hospitales, distritos, áreas sanitarias y el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de la provincia.
La delegada de Salud y Consumo, Eva Pajares, presidió esta Comisión.
Este encuentro ha contado con la presencia de representantes de los colegios oficiales de Enfermería y Médicos de Cádiz, ya que ambas instituciones forman parte del recién creado Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), un instrumento de la Junta, contemplado en el Plan de Prevención de Agresiones, cuyo objetivo es proponer medidas factibles, acordes y pertinentes para contribuir a la erradicación de las agresiones a los profesionales del SSPA.
El secretario del Colegio de Enfermería, Manuel Cano, en su intervención, puso de manifiesto la preocupación existente desde el Colegio provincial con respecto a este tipo de situaciones y ofreció, una vez más, el firme compromiso de la institución en la máxima colaboración con todos los agentes implicados, al tiempo que felicitó a la Administración por la reciente creación del Observatorio que sin duda permitirá conocer la realidad de este lacra.
Finalmente, Manuel Cano, recordó que el Colegio de Enfermería dispone de un protocolo de actuación que se activa en el momento en el que “nos notifican la agresión” esta información puede ser comunicada por el propio profesional o por terceras personas. Una vez conocido el incidente se informa al colegiado del procedimiento jurídico a seguir y se rellena un formulario de agresiones de la compañía de seguros AMA que ofrece asistencia jurídica por agresión, asistencia psicológica y un subsidio en caso de inhabilitación temporal profesional.
Por su parte, el secretario general del Colegio de Médicos, Gaspar Garrote, que acudió acompañado por la asesora jurídica de la entidad, Carmen Miranda, hizo una exposición sobre la situación actual de la violencia contra los profesionales de la Medicina. De otro lado, los integrantes de la comisión hicieron balance de los últimos meses de este año, tanto en cuanto a intervenciones en episodios de violencia, como en actividades formativas, de difusión sobre la prevención de las agresiones en el entorno sanitario y de otras medidas adoptadas para proteger a los profesionales.
Como en otras ocasiones, los presentes coincidieron en la necesidad de concienciar a los profesionales víctimas de un episodio de violencia a que lo comuniquen y denuncien, tanto las agresiones físicas, como las amenazas y coacciones. Asimismo, han puesto sobre la mesa que, a los insultos y vejaciones, que no son delito, hay que darle la importancia que merecen, ya que también afectan a la víctima y se corre el peligro de normalizarlos.
En este sentido, la delegada territorial ha destacado que, gracias a la nueva Ley de Función Pública de Andalucía, los profesionales sanitarios y el personal de gestión y servicios de la comunidad, en el desempeño de las funciones que tengan asignadas en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, tendrán la consideración de autoridad pública y gozarán de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente.
Asimismo, la Consejería de Salud y Consumo plantea el establecimiento de un régimen sancionador administrativo interno del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con independencia de la vía judicial, de modo que cualquier agresión, física o verbal que se produzca dentro del sistema sanitario, pueda ser sancionada económicamente, aparte de la denuncia que cada profesional de forma individual deba realizar. Sobre esta medida, al necesitar ser establecida con rango de Ley, se está estudiando el procedimiento más rápido y garantista para su definitiva aprobación.
Conozca el Proyecto de Decreto del Observatorio de Agresiones de Andalucía
