Los representantes de las más de 300.000 enfermeras y enfermeros españoles (Colegios Oficiales, Sociedades Científicas y estudiantes de enfermería) acuerdan en Toledo denunciar al Gobierno de España ante la Comisión Europea por no adaptar de forma adecuada la Directiva Europea de Cualificaciones profesionales al derecho español
Toledo acogió este fin de semana las Jornadas de la Organización Colegial de Enfermería bajo el lema «Juntos, construyendo el futuro». A lo largo de este fin de semana, se dieron cita más de 150 representantes de la Organización Colegial de Enfermería, Sociedades Científicas y estudiantes, que representan a casi 300.000 enfermeras. Uno de los temas tratados fue el de las consecuencias negativas que ha supuesto para la profesión enfermera la trasposición al derecho español de la Directiva Europea de Cualificaciones Profesionales con una norma sin rango de Ley, concretamente un Real Decreto.
En 2015 la Comisión Europea aprobaba al Directiva de Cualificaciones profesionales que afecta al ejercicio de todas las profesiones reguladas que existen en su territorio comunitario: enfermeros, médicos, abogados, ingenieros… etc. Y en lo que respecta a Enfermería, dicha Directiva establece cuáles deben ser las competencias básicas de una enfermera generalista. Entre ellas, se incluye una competencia fundamental para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la población: el diagnóstico independiente de cuidados enfermeros. Cabe recordar que la enfermería es una profesión autónoma que debe y puede tomar decisiones de forma continuada sobre los diferentes cuidados que han de prestarse los ciudadanos, ya sea en el trascurso de un proceso por enfermedad o a través de su importante labor de promoción de la salud.
El problema radica en que a la hora de enumerar y definir las cualificaciones profesionales enfermeras, la Directiva Europea es mucho más innovadora que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) que, como su nombre indica, regula las profesiones sanitarias y data del año 2003. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el Gobierno decidió incorporar el contenido de la Directiva Europea al derecho español a través de un Real Decreto, generando una situación de incompatibilidad jurídica que afecta de lleno a la regulación de las competencias enfermeras. La Organización Colegial de Enfermería ya ha impugnado ante el Tribunal Supremo este Real Decreto por la vía contencioso administrativa, pero además, los presidentes de la Organización Colegial, las sociedades científicas y los estudiantes de enfermería han decidido ir mucho más allá en la defensa de sus competencias profesionales y presentar una denuncia por este mismo tema ante la Comisión Europea.
Florentino Pérez Raya, presidente de la Organización Colegial de Enfermería, señaló que el Gobierno de España ha actuado de forma inadmisible y contraviniendo la normativa vigente, el compromiso europeo y el sentido común: “para empezar, ha incumplido el plazo estipulado por la Unión Europea para que los países comunitarios adaptasen la nueva Directiva a sus legislaciones. España ha sido el último de todos en trasponer la Directiva, tardando más de un año y medio en hacerlo, y encima, finalmente, lo ha hecho de forma inadecuada”. Así, el presidente de los enfermeros explicó que el rango de norma para incorporar dicha directiva al Derecho Español ha sido el de Real Decreto, cuando el derecho administrativo le obligaba a hacerlo con rango de Ley. «El Gobierno debería haber incorporado esta Directiva a nuestro Derecho, mediante una Ley específica, primero porque está regulando las cualificaciones profesionales de todas las profesiones colegiadas, una circunstancia que afecta de lleno a la economía, a la salud, a los derechos y a la seguridad de todos los ciudadanos; y segundo, porque la Directiva establece un elemento configurador de la profesión enfermera como es el reconocimiento del diagnóstico independiente de cuidados enfermeros.»
La Organización Colegial de Enfermería aprobó establecer todas las medidas que sean necesarias para garantizar el derecho de nuestra profesión a ver reguladas sus competencias de forma adecuada. Tal y como explicó Florentino Pérez Raya, «esto no solo conlleva el recurso presentado ante el Tribunal Supremo y la denuncia ante la Comisión Europea, también vamos a poner en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular para llevar al Congreso de Los Diputados una propuesta de modificación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitaras (LOPS) y la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley del Medicamento) para adaptarlas a la nueva regulación europea. Somos 300.000 enfermeros y enfermeras, así que la inmensa mayoría de las 500.000 firmas necesarias ya están garantizadas, aún así vamos a poner en marcha una campaña informativa para explicar a la sociedad la situación y conseguir su apoyo mayoritario».
