“Si las enfermeras vacunan cuando se publique el Real Decreto de prescripción enfermera en el BOE sin que el médico haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo a seguir, estarán cometiendo un acto ilegal”. Así de contundente se ha mostrado el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, durante la presentación del calendario de acciones que va a poner en marcha la Mesa de la Profesión Enfermera (CGE Y SATSE) tras la “traición y el desprecio del Gobierno del Partido Popular con la profesión al modificar con alevosía y nocturnidad el artículo 3 de la norma”.
Este cambio de última hora supondrá un grave trastorno en el normal funcionamiento del sistema sanitario, ya que hay numerosas acciones que venían realizando los enfermeros hasta ahora de forma autónoma para garantizar la continuidad de los cuidados y agilizar la toma de decisiones respecto al proceso de salud del paciente y en cuanto el decreto se publique en el BOE estas acciones pasarán a ser ilegales.
Tanto la Organización Colegial como el sindicato de enfermería SATSE se encontraron el pasado viernes con este cambio y tras analizar el nuevo “redactado ilícito del real decreto” han anunciado acciones jurídicas, políticas, administrativas, informativas y de sensibilización social.
“Con la aprobación de este real decreto es el propio Gobierno del Partido Popular el que ha convocado una huelga competencial de la enfermería en todo el sistema sanitario, ya que la nueva norma nos impide el uso cotidiano de medicamentos en beneficio de la salud de los pacientes”, ha explicado el presidente de SATSE, Víctor Aznar.
En este sentido, González Jurado ha querido dejar claro que “este real decreto prohíbe la indicación y el uso de los medicamentos a las enfermeras, por lo que las que utilicen un fármaco sin el diagnóstico y la prescripción de un médico está cometiendo un delito penal”.
Contra ello, la Mesa de la Profesión Enfermera ha reiterado que una de sus prioridades en estos momentos de involución de la profesión será informar a los usuarios y pacientes para que tengan claro que el único culpable de la situación que se va a desencadenar en el sistema sanitario es un Ejecutivo ajeno a la realidad sanitaria y asistencial que sólo está obsesionado con la idea de no enemistarse con colectivos afines a su ideología ultraconservadora y no perder así ni un solo voto de derechas.
Ante esta situación, el presidente del CGE ha afirmado que “a decisiones políticas tiene que haber respuestas políticas” y ha recordado que la enfermería puede llegar a mover un millón de votos. “Vamos a explicar muy claramente a las 274.000 enfermeras de España, los 50.000 estudiantes y a sus familiares la felonía del Gobierno del Partido Popular”. Igual de tajante ha sido Víctor Aznar, que ha dado por roto todas las negociaciones con ellos. “No nos vamos a reunir nunca más con este Gobierno”, ha puntualizado.
Ahora, ante la inminente publicación del Real Decreto en el BOE, el principal objetivo para ambas instituciones es paralizar el artículo 3. “Vamos a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo solicitando la suspensión cautelar del real decreto por nulidad de pleno derecho, en lo referido a su artículo 3, que regula el ámbito de las actuaciones con los medicamentos sujetos a prescripción médica”, ha anunciado Víctor Aznar.
Además, se pondrá a disposición de todos los enfermeros un escrito para ejercer su derecho de Petición ante el Gobierno, informándole de la responsabilidad patrimonial en la que podría incurrir al no permitir el ejercicio efectivo de una competencia establecida en la ley para su pleno desarrollo profesional.
Entre estas acciones, también destaca el envío de un escrito a los gerentes de los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas para que conozcan cuál es la realidad a la que estarán sometidos los enfermeros a partir de ahora. “No vamos a permitir que a ningún profesional se le obligue a hacer algo que está fuera de la ley. En el caso de que esto ocurra, tendrán el apoyo de las asesorías jurídicas de ambas organizaciones para denunciarlo”, ha resaltado González Jurado.
Junto a las medidas jurídicas, informar al usuario es otra de las prioridades, por lo que desarrollarán una campaña de información y sensibilización tanto con los usuarios como los pacientes y profesionales enfermeros para explicarles por qué a partir de ahora las enfermeras no podrán atenderles como han venido haciendo hasta ahora. La profesión ya ha iniciado reuniones con otros partidos políticos que concurren a las elecciones generales para informar a sus líderes de la situación y pedir su apoyo para un futuro cambio de la norma. El pasado lunes se reunieron con el PSOE, que les brindó su apoyo, y mañana, jueves, lo harán con Ciudadanos.
Aparte de todas estas acciones, la Mesa de la Profesión Enfermera llevará a cabo una Cumbre Enfermera cuando se conozca al futuro presidente del Gobierno en la que reunirán a 25.000 enfermeras de todo el país para demandar conjuntamente al nuevo Gobierno el cambio de la norma, así como una multitudinaria manifestación el mismo objetivo. “Si se trata de demostrar la fuerza a este Gobierno embustero, traidor y felón, lo vamos a hacer”, ha aseverado Máximo Gonzalez Jurado, que ha concluido con un “para los deportistas como nosotros, esto es sólo el inicio del partido”
La Mesa de la Profesión Enfermera anuncia el desarrollo de numerosas acciones jurídicas, políticas, administrativas, informativas y de sensibilización a profesionales y pacientes
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