Los más de 100 asesores juristas y expertos en comunicación de la Organización Colegial de Enfermería y SATSE se reunieron ayer en Madrid para acordar futuras estrategias
La Mesa de la Profesión Enfermera está a la espera de la publicación en BOE del RD de prescripción para poner en marcha todo el engranaje jurídico contra las gravísimas irregularidades de forma y fondo realizadas por el Ministerio de Sanidad
Los juristas de la Profesión Enfermera convencidos de la necesidad de la suspensión cautelar del artículo 3.2 del Real Decreto por los perjuicios que va a causar al sistema sanitario, y con ello, a la atención sanitaria a los pacientes
Los abogados y expertos en comunicación de la Organización Colegial de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, SATSE, celebraron ayer una jornada de trabajo conjunto para ultimar las distintas acciones jurídicas y de comunicación que se van a poner en marcha como consecuencia de la modificación extemporánea e ilegal del texto definitivo del Real Decreto sobre prescripción enfermera perpetrado por el Gobierno del Partido Popular.
Los juristas, venidos de toda España, han estado consensuando las actuaciones jurídicas a desarrollar, una vez se publique en el BOE el Real Decreto, con el que el Gobierno del PP ha incurrido en irregularidades de forma y fondo que, además de ser contrarias a ley, perjudican gravemente a los ciudadanos y profesionales.
Además de la experta opinión de los distintos asesores jurídicos de ambas organizaciones, la Mesa de la Profesión Enfermera cuenta con el dictamen de un prestigioso despacho de abogados que confirma que los cambios promovidos a última hora en el texto normativo del Ministerio de Sanidad son un “auténtica chapuza” desde el punto de vista jurídico.
En este sentido, el dictamen, cuyos fundamentos se darán a conocer la próxima semana en una rueda de prensa en Madrid, avala las distintas acciones legales, que la Mesa de la Profesión Enfermera pretende poner en marcha una vez se publique en BOE el RD, algo que, 27 días después de su aprobación en Consejo de Ministros, aún no se ha producido. Se trata de un retraso muy poco habitual que, a juicio de la Mesa, constata que sus propios responsables son conscientes de los errores cometidos y, por ello, intentan dilatar su entrada en vigor lo máximo posible.
Nuevas campañas de comunicación
De manera paralela, Organización Colegial y SATSE reunieron a sus responsables de comunicación para reforzar la intensa campaña de comunicación puesta en marcha para dar a conocer a ciudadanos y profesionales las graves consecuencias que para ellos tendrá la entrada en vigor de la normativa del PP. Así, se han acordado nuevas estrategias dirigidas a mejorar la eficacia de los mensajes, impulsando nuevas campañas y mejorando las actuaciones de información y sensibilización en todos los ámbitos (medios de comunicación, jornadas, reuniones, material informativo — guías, folletos…–, entorno 2.0…)
Las campañas de comunicación dirigidas a los ciudadanos informarán de cómo históricamente los enfermeros han usado o indicado determinados medicamentos de prescripción médica a través de protocolos realizados porequipos multidisciplinares o por las autoridades sanitarias. Todas estas actuaciones, que forman parte de la práctica enfermera, serían vetadas y prohibidas tras la publicación en el BOE del Decreto. El nuevo texto modificado por el Gobierno obligará a que el paciente, ante la más mínima variación de su estado, se vea obligado a acudir al médico para que le diagnostique, prescriba una o realice el seguimiento del tratamiento. Esto conllevará más esperas, más consultas y más gestiones para los ciudadanos y pacientes, afectando muy directamente al desarrollo normal de la asistencia sanitaria.
Finalmente, en el caso de los profesionales, también se van a desarrollar compañas informativas para poner en su conocimiento la nueva situación creada por el Gobierno del PP y la obligación de cumplir con la legalidad vigente, es decir, de ajustarse estrictamente a lo establecido en el Real Decreto. De lo contrario, los enfermeros estarán actuando en contra de la ley y su Código Deontológico, asumiendo una responsabilidad profesional que no les corresponde, con las pertinentes consecuencias de todo tipo: posible comisión de un delito de intrusismo profesional, posibles denuncias por lesiones o por homicidio; y en todo caso, la no cobertura por parte de la póliza de responsabilidad civil.
