El Consejo de Gobierno andaluz acordó este martes llevar al Tribunal Constitucional el decreto de prescripción enfermera que regula la indicación, uso y autorización de medicamentos y otros productos sanitarios de uso humano por parte de los profesionales de enfermería, si el Gobierno de la Nación no lo deroga. Este requerimiento se produce tras un estudio realizado por parte del gabinete jurídico de la Junta, a petición de la Consejería de Salud, en el que se advierte de la invasión de competencias por parte del Ejecutivo Central, y después de que el Tribunal Supremo confirmase que el Decreto debía aplicarse a rajatabla.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, explicó que la vulneración competencial que el Ejecutivo de la comunidad autónoma quiere anular se refiere “no tanto a la prestación del servicio en sí, sino a la anulación de la formación continuada y la acreditación del colectivo de enfermería por parte de la Comunidad”.
Vázquez confirmó que un Gobierno en funciones puede derogar el Decreto “si tiene voluntad política de hacerlo”. En el caso de que el Gobierno central no atienda a la petición planteada en el plazo legal establecido de un mes, la Junta planteará el correspondiente conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional.
Según el análisis realizado por el Gabinete Jurídico de la Junta, son competencia de las comunidades autónomas los aspectos relacionados tanto con el procedimiento de acreditación de los enfermeros y su obtención como con la gestión de los programas formativos y, en su caso, la ampliación de los contenidos mínimos de los protocolos y las guías aprobadas o validadas por el Estado.
El pasado año se emitieron en Andalucía casi tres millones de órdenes enfermeras. En estos documentos, los profesionales indican los medicamentos y productos que el Decreto autonómico les permitía hasta la publicación del Decreto (alrededor de un centenar). Además, cerca de 3.000 sanitarios de este colectivo completaron su formación sobre la materia, impartida por la Escuela Andaluza de Salud Púbica, y más de un millar logró la acreditación por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, también anulada desde la entrega en vigor de la nueva normativa estatal.
