El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado en una moción por la que se solicita a la Cámara Alta a que inste al Gobierno a la modificación.
Ciudadanos plantea modificar la Ley del Medicamento como vía para que “lo que es habitual en práctica clínica sea legal”
Diario Enfermero / G. Romero / G. Freire.- Modificar la actual regulación de la prescripción enfermera para que esté en consonancia con la Ley del Medicamento, garantizando así el normal funcionamiento del sistema sanitario y poniendo fin a su judicialización. Eso es lo que ha propuesto el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado en una moción por la que se solicita a la Cámara Alta a que inste al Gobierno a la modificación.
Tras la interpelación en el Senado sobre “la valoración del Gobierno de la evolución de los indicadores de protección social en materia de sanidad, igualdad y servicios sociales, y como afrontar la situación en la actual Legislatura”, que tuvo lugar el pasado 22 de noviembre, el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha presentado una moción con un total de 13 puntos en las que se pide que el Senado inste al Gobierno a que desarrolle estas medidas “con el mayor consenso con las comunidades autónomas”.
Entre estos puntos, desde el PSOE se incluye la modificación de la actual regulación de la prescripción enfermera “para asegurar que esté en consonancia con la Ley del Medicamento, con el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y con el Dictamen del Consejo de Estado”. Todo ello para garantizar así “el normal funcionamiento del sistema sanitario y poniendo fin a su judicialización”.
Vuelta al consenso
Tal y como recuerda Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, “la ley sí contempla la prescripción enfermera, pero ha sido el desarrollo normativo, a través del Real Decreto, el que ha intentado poner cortapisas no establecidas en la ley, que se tramitó con el consenso de todo el Parlamento y que abrió totalmente la puerta a la prescripción enfermera”.
Tras los diversos recursos ante el Tribunal Supremo –hasta 11 recursos se han presentado, 8 de comunidades autónomas y tres de otras entidades, entre ellas el Consejo General de Enfermería-, este organismo decidió la no paralización del Real Decreto, manteniéndolo íntegramente en vigor.
Dos comunidades autónomas, Andalucía y Aragón, presentaron sendos recursos ante el Tribunal Constitucional, por invasión de competencias. Admitidos a trámite, ello suponía la paralización de los recursos del Supremo hasta la adopción de una decisión definitiva, que puede demorarse varios años.
Mientras tanto, tal y como recuerdan en la Mesa de la Profesión Enfermera –integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato SATSE- el decreto está plenamente en vigor. Así, “las enfermeras y enfermeros españoles no pueden realizar ninguna actuación terapéutica relacionada con el medicamento si no va acompañara de una prescripción médica de forma oficial, es decir con carácter individual y nominativo para cada paciente, y en la que se especifique claramente cuál es el acto enfermero objeto de intervención”, señalan.
Propuesta de Ciudadanos
Según Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, la modificación del art. 79 de la Ley del Medicamento es la vía para que “lo que es habitual en práctica clínica sea legal”, de ahí que su grupo parlamentario apueste por solucionar el problema de raíz, proponiendo en el Congreso de los Diputados la modificando la Ley del Medicamento. En la nueva etapa política, en la que los grupos están obligados a entenderse, Ciudadanos aboga en el campo de la prescripción enfermera “por suprimir los protocolos y la burocracia y simplemente dilucidar a qué capacita el título de enfermero dando cobertura legal a las actuaciones enfermeras que tienen lugar todos los días en los centros sanitarios con buenos resultados”.
Igea ha confirmado que apoyarán a los grupos que presenten proposiciones para modificar el Real Decreto, como ya hicieron desde que el Ejecutivo de Rajoy aprobase la polémica normativa, o presentarán iniciativas propias. La coyuntura política “ahora es más favorable a la hora de llegar a acuerdos sobre grandes reformas en el sistema sanitario, pues nos necesitamos unos a otros. En cualquier caso, Igea –médico de profesión- reitera que tal y como está el Decreto “coloca a las enfermeras en una situación de ilegalidad y debe llegarse a un acuerdo viable entre las partes implicadas, principalmente médicos y enfermeras”.
El presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, celebra que el problema de la prescripción vuelva a la escena política “ya que es una cuestión prioritaria para la Enfermería en nuestro país”, y recuerda que tras la entrada en vigor del Real Decreto “la profesión ha quedado sumida en la más absoluta desprotección jurídica, con las terribles consecuencias que esto supone tanto para el profesional como para los ciudadanos a quienes les asiste el derecho de una atención sanitaria ágil y de calidad”.
