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Nueve de cada diez mayores de 55 años con una enfermedad crónica se oponen a que los farmacéuticos controlen sus tratamientos

Manuel Cascos (izda.), SATSE, y Florentino Pérez (dcha.), CGE, durante la presentación del Estudio ante los medios.

Un estudio de la Mesa de la Profesión Enfermera sobre la atención y seguimiento a las personas mayores con enfermedades crónicas determina que más del 90% estos pacientes quieren que únicamente sean médicos o enfermeros los profesionales que realicen su seguimiento terapéutico. Apenas un uno por ciento de los pacientes encuestados acepta que los farmacéuticos vayan a sus casas a revisar los botiquines y controlar sus tratamientos.

La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE)  y el Sindicato de Enfermería SATSE presentaron ayer un estudio de opinión pública que da a conocer qué opinan los pacientes sobre las pretensiones asistenciales que vienen reclamando las oficinas de farmacia. Se trata de actuaciones asistenciales cuya competencia corresponde exclusivamente a médicos y enfermeros del Sistema Nacional de Salud y que ya están siendo prestadas sin que supongan ningún tipo de desembolso directo por parte de los ciudadanos. Sin embargo, las oficinas de farmacia, establecimientos privados, pretenden cobrar por todos y cada uno de dichos servicios, ya sea “directamente al paciente, a las Comunidades Autónomas CC.AA., a las mutualidades o a una combinación de todos ellos”, tal y como han reconocido en numerosos congresos y foros.

Hasta el momento, ni farmacéuticos que piden más vías de ingresos ni los políticos que les están siguiendo el juego en varias CC.AA. , se había planteado preguntar a los pacientes su opinión. Con esta iniciativa, la Mesa de la Profesión Enfermera ha querido dar voz a los pacientes presentando un estudio elaborado con absoluta independencia por Análisis e Investigación, primera empresa española de investigación sociológica, Este estudio, que cuenta con plenas garantías de rigor científico, ha sido desarrollado siguiendo los estrictos controles de calidad de la Norma ISO 20252 y el código de conducta ICC/ESOMAR y presenta un nivel de confianza del 95,5 %.

A juicio de la Mesa de la Profesión Enfermera, la autodenominada “farmacia comunitaria” es una privatización encubierta que supone una clara estafa al Sistema Nacional de Salud y a los ciudadanos, al querer ofrecer los farmacéuticos unos servicios asistenciales sin respaldo legal ni competencias para ello, ni garantías de seguridad para los pacientes. Todo ello movido por un claro interés de lucro empresarial y de consolidar un sistema de farmacias cuestionado por los Tribunales de Defensa de la Competencia. Un servicio por el que unos comercios que venden medicamentos facturarían a la Administración Pública en lo que los representantes de las enfermeras españolas -tanto del CGE como del Sindicato SATSE- considera una “privatización encubierta de la Atención Primaria dentro del Sistema Nacional de Salud, una clara estafa a los ciudadanos, al querer ofrecer unos servicios asistenciales que ya realizan médicos y enfermeros en Atención Primaria. Además, los farmacéuticos no tienen respaldo legal ni competencias propias y les mueve un claro interés de lucro empresarial”, manifestaron ayer en rueda de prensa los presidentes del CGE, Florentino Pérez Raya, y del Sindicato de Enfermería SATSE, Manuel Cascos.

Ambos dirigentes han solicitado a la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, conocida por luchar contra el modelo de hospitales públicos de gestión privada -así como todos los consejeros autonómicos- que no colaboren en este fraudulento juego para privatizar la Sanidad Pública.

Los pacientes sólo quieren médicos y enfermeras en sus casas

Tal y como pone de manifiesto la investigación, nueve de cada diez personas mayores de 55 años con una enfermedad crónica y/o los cuidadores de los mismos consideran que el control de su tratamiento sólo debe ser realizado por médicos y enfermeras (90,3%), y no por farmacéuticos. El índice de personas que estaría de acuerdo con que los farmacéuticos de las oficinas de farmacia sean quienes controlen su adherencia al tratamiento no llega ni al nueve por ciento (8,8%). Estos datos constituyen también un reto para los responsables políticos, encargados de dotar de suficiente número de profesionales a los centros de salud para que puedan responder a la demanda de los pacientes.

La encuesta sobre “Las visitas del personal de las farmacias a los domicilios de personas mayores con enfermedades crónicas” ha sido realizada a personas mayores de 55 años en tratamiento por una enfermedad crónica y personas que los cuidan y apoyan en su enfermedad. El estudio también sondea a los pacientes respecto a la pretensión de las oficinas de farmacia de que sus propietarios o sus empleados vayan a las casas de los mayores y enfermos crónicos para que comprueben sus botiquines y el correcto seguimiento de sus respectivos tratamientos. Los pacientes son tajantes al respecto: un 90,3% contesta que dicho control domiciliario sólo deben realizarlo médicos y enfermeros, que son los profesionales competentes, ya que basan sus decisiones únicamente en la salud de los pacientes, sin criterio economicista alguno, con absoluta libertad e independencia terapéutica.

Sólo el 2% de los pacientes crónicos y sus cuidadores entendería que la sanidad pública pagase a las oficinas de farmacia por el control de los medicamentos a domicilio, mientras que el 82% cree que lo que debería hacerse en caso de precisarse dicho control es contratar a más enfermeras. Asimismo, el estudio muestra que el grado de satisfacción de las personas con su profesional de enfermería en Atención Primaria ronda el nueve (8,86) sobre 10.

Conozca el Estudio de Opinión realizado

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