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La profesión enfermera ve positivo que el ministerio acepte algunas de sus propuestas, pero sigue consternada por la falta de material de seguridad y la situación de estudiantes y residentes

Consejo General de Enfermería y Sindicato de Enfermería SATSE -unidos en la Mesa de la Profesión Enfermera- ven positivo que el Ministerio de Sanidad haya modificado la Orden que regula la actuación ante el COVID-19 para introducir algunas de sus propuestas.

Sin embargo, ambas organizaciones alertan sobre las condiciones de trabajo de los profesionales y exigen al ministro que les proporcione, de una vez por todas, los equipos de protección necesarios para garantizar su salud y seguridad profesional.

La normativa aprobada por el ministerio no garantiza la seguridad de los estudiantes del Grado de Enfermería evitando su exposición al COVID-19. Además, denuncian el agravio comparativo que sufren los enfermeros EIR, que se ven obligados a aceptar unas situaciones salariales y laborales injustas. 

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha contestado hoy a una carta que el pasado 19 de marzo le remitió la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería SATSE. En la misiva, que viene firmada por el Director de Ordenación Profesional, Rodrigo Gutiérrez, Sanidad confirma a los enfermeros que el ministerio ha reconocido como justas sus reivindicaciones y ha recogido algunas de éstas en la Orden SND/299/2020 de 27 de marzo -que vino a modificar la primera Orden dictada por el ministerio el 15 de marzo-.

Entre las exigencias planteadas en su día por la Mesa de la Profesión Enfermera e integradas ahora por el ministerio, se incluyen aspectos para el incremento de las contrataciones de cara a reforzar las plantillas, actualmente infradotadas, sobre todo en las regiones que han registrado un mayor número de casos. Si bien la Mesa de la Profesión Enfermera valora positivamente el esfuerzo del Ministerio de Sanidad para incorporar algunas de sus propuestas, la realidad pasa por que resultan del todo insuficientes teniendo en cuenta la realidad actual que bien atraviesan los profesionales sanitarios en su lucha contra el COVID-19. Basta analizar los datos que facilita el Ministerio para comprobar el índice de contagios entre los profesionales sanitarios, que ya se acerca al 15% del total. Los profesionales sanitarios se están enfrentando a una situación insostenible, obligados a prestar su asistencia sin disponer de las medidas de seguridad necesarias para protegerse: trajes EPIs adecuados, mascarillas FFP2 o FFP3, batas impermeables, protecciones oculares, guantes…

Estudiantes de enfermería en riesgo y menoscabo de los residentes EIR

Asimismo, en lo que respecta a la contratación de estudiantes de enfermería de cuarto curso, cabe recordar que la Mesa de la Profesión Enfermera ha exigido que estos se incorporen como personal de apoyo, siempre tutelados por profesionales y en puestos donde no se haya exposición directa al COVID-19. En este sentido, las medidas introducidas por el departamento que dirige Salvador Illa no incorporan una propuesta de la Mesa de la Profesión Enfermera en la que se pedía que se detallara el contenido y alcance del concepto de “auxilio sanitario”, ya que la realidad manifestada por estudiantes es que se están haciendo unos contratos que no garantizan que los estudiantes trabajen en estas condiciones.  Por tanto, la redacción actual es insuficiente, y, en este sentido, recordamos también a los Servicios regionales de Salud que deben cumplir con lo dispuesto, en cuanto a que las actividades a realizar por los estudiantes deben ser desarrolladas en calidad de apoyo y bajo la supervisión de un profesional sanitario, para no poner en peligro su seguridad y la de los propios pacientes.

Finalmente, cabe destacar los importantes perjuicios que va a suponer para los enfermeros residentes la prórroga de sus contratos aprobada por Sanidad. Esta medida del Gobierno va a obligar a las enfermeras EIR a quedarse en el sistema sanitario con un contrato en formación, que es una contratación mucho más precaria que la de una enfermera de cuidados generales. Esto genera un terrible agravio comparativo con el resto de las enfermeras que se están incorporando al sistema como generalistas y a las que sí se les está haciendo un contrato con unas condiciones laborales y salariales algo mejores.

En cualquier caso, antes de contratar estudiantes o enfermeras jubiladas, lo prioritario –y lo lógico- sería agotar por completo las bolsas de profesionales en el paro y contratar enfermeras recién graduada con plena preparación y disponibles a trabajar desde hoy mismo. Quedan muchos profesionales en las bolsas de empleo en toda España, que están en el paro, y en esta situación de necesidad de profesionales hay que empezar por ahí y después recurrir a estudiantes y jubilados.