El Consejo General de Enfermería, a través de su Instituto Español de Investigación Enfermera y un grupo de enfermeras y enfermeros expertos, han actualizado la ordenación de las competencias profesionales de los enfermeros de Instituciones Penitenciarias, unos profesionales regidos por un reglamento arcaico que el Gobierno se resiste a cambiar
Los profesionales de Enfermería que desarrollan su labor en la Sanidad Penitenciaria son una figura poco conocida dentro de la sociedad y la propia Sanidad. Hombres y mujeres que realizan su trabajo con diligencia en unas condiciones en ocasiones complicadas -y muy particulares- debido a la población a la que atienden. Organizados bajo el paraguas de una asociación profesional de reciente creación, reclaman la actualización de los reglamentos que rigen su labor diaria -propios de otra época, y equiparable a la de los entonces conocidos como ATS- y con total subordinación a los compañeros médicos. También demandaban la mejor ordenación de su ejercicio profesional, algo que pretende resolver el nuevo documento que ha elaborado un grupo de expertos conformado por profesionales de Instituciones Penitenciarias y del Consejo General de Enfermería, junto con su Instituto Español de Investigación Enfermera. Este documento establece las principales actuaciones e intervenciones ante diferentes situaciones, escenarios o problemas que se plantean a las enfermeras y enfermeros que trabajan en Instituciones Penitenciarias.
“Lo deseable sería que se produjera una armonización entre estas intervenciones y actuaciones que ha identificado nuestro grupo de expertos y el reglamento que regula sus actuaciones y que debe ser actualizado con urgencia. Esos compañeros y compañeras que ejercen en las prisiones están totalmente discriminados respecto a los que trabajan, por ejemplo, en un centro de salud u hospital. Tienen restringidas ciertas actuaciones comunes en Enfermería y están subordinados a otro profesional médico, en lugar de trabajar juntos y coordinados cada uno en su ámbito de actuación. Es como si se hubiera detenido el tiempo para ellos y fueran todavía los ATS -ayudante técnicos sanitaros- que fuimos y no el graduado en Enfermería. Esperemos que este documento que hoy presentamos sirva para poner las bases de una reforma del reglamento que los distintos Gobiernos no han querido afrontar”, asegura Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería que ya se ha dirigido al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, solicitando una reunión para abordar estos temas en profundidad.
Un reglamento de hace cuatro décadas
Por su parte, en representación de todos sus compañeros del Grupo de Expertos que ha trabajado en esta nueva ordenación, el enfermero del Centro Penitenciario Madrid III, Eusebio Espuela, explica que “la regulación de nuestras competencias dentro del marco penitenciario era algo anhelado durante muchos años. Existe un malestar de la enfermería porque creemos que unas funciones redactadas en 1981 no reflejan para nada nuestra labor diaria, y lo que es más importante, no nos representan en nuestra profesión, alejándonos del resto de profesionales de la enfermería que desarrollan sus trabajos en otros ámbitos. Esas funciones, de una u otra manera, nos atan las manos en nuestro trabajo para tener que obedecer a órdenes que consideramos están lejos de nuestras funciones como profesionales de la enfermería. La ordenación de nuestras competencias, como enfermeros/as en el ámbito de los cuidados en Instituciones Penitenciarias, supone un documento oficial en el cual apoyarnos en nuestro trabajo diario, con el fin de reclamar y defender nuestra posición como profesionales de una enfermería actual que está lejos de esa enfermería que recoge el actual Reglamento Penitenciario”.
La sanidad penitenciaria se enfrenta a una preocupante carencia de profesionales en los próximos años. Especialmente preocupan las jubilaciones de médicos no reemplazados. O simplemente lo que sucede cuando el médico se encuentra ausente del centro. Entonces, el enfermero de guardia se enfrenta a actuaciones que, con el reglamento actual en la mano, podrían ser calificadas como intrusismo profesional.
“La escasez de médicos en muchos centros penitenciarios está provocando situaciones laboralmente conflictivas, exigiéndonos en ocasiones acciones que podría ser catalogadas de intrusismo profesional, lo que acelera cada vez más, la necesidad de nuestro colectivo de tener unas competencias actualizadas a la realidad profesional a la que pertenecemos”, añade Espuela.
El documento que se hace público hoy recoge la actual normativa penitenciaria, las características sanitarias del ámbito penitenciario español, los programas de educación para la salud, de vacunación o de atención a los enfermos mentales en las cárceles, así como las definiciones nacionales e internacionales de todas las intervenciones entre otros contenidos.
