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Ángel M. Gregoris / Diario Enfermero.- Ocho y media de la tarde. Las puertas de la Sala Internacional del Ministerio de Sanidad se abren y comienzan a salir los 17 consejeros que acudieron ayer, 13 de abril, al Consejo Interterritorial convocado por el ministro en funciones, Alfonso Alonso.
Sobre la mesa había 23 puntos a tratar. Entre ellos, el Real Decreto de prescripción enfermera, porque, a pesar de que muchas autonomías habían pedido que sólo se hablase de esta cuestión, desde el Ministerio decidieron que también existían otros asuntos importantes a debatir, como el calendario vacunal o el plan de respuesta ante enfermedades provocadas por vectores como el zika. Aunque por los pasillos del Ministerio se especulaba con una reunión corta, el último punto –el de prescripción enfermera- hizo que se alargase el debate hasta cuatro horas y media.
A la salida, las caras de los consejeros se debatían entre la aceptación de los del PP y la decepción del resto. Y es que, lo que habían pedido 12 CC. AA. a Sanidad, que era derogar ese decreto, se quedó, finalmente, en nada. El ministro no dio su brazo a torcer y la única solución que ofreció fue reunir al Foro de las Profesiones Sanitarias para debatir de nuevo este decreto. A día de hoy, la norma ha provocado un caos asistencial en todas las comunidades, que han visto cómo sus enfermeros se han encontrado con una situación que les prohíbe utilizar medicamentos que antes sí usaban y les hace retroceder años en el desarrollo de su profesión.
Un ministro en funciones, la clave
“Estoy decepcionada con lo que ha pasado. Tendríamos que haber aclarado este problema que se ha creado desde el Ministerio y que ahora tenemos que gestionar desde las autonomías, pero este Gobierno se empeña en mantener la situación así hasta el último momento”, afirmaba la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón.
A pesar de que todos comprendían que estando en funciones es imposible derogar la norma, lo que proponían desde las consejerías contrarias al decreto es que se firmase un acuerdo en el que se suspendiese la aplicación del decreto por el momento y en cuanto se pudiese derogar, se hiciese. Aquilino Alonso, desde Andalucía, destacó que lo que ellos pedían es que se recogiese que estábamos dispuestos a eliminar la norma en el momento en el que se pudiese, pero no han querido. “Tenemos que consensuar este decreto para evitar la situación en la que nos encontramos ahora”, apuntó el consejero andaluz. En esta misma línea se mostró Jesús Morera, de Canarias, que consideró “imprescindible que se derogue completamente y que nos volvamos a sentar a hablar del tema”.
“El ministro ha aceptado que efectivamente se está ocasionando un problema en algunos hospitales y centros de salud y, por eso, le hemos pedido que suspendiera la aplicación del decreto. Él nos ha respondido que va a convocar al Foro de las Profesiones Sanitarias para tratar el tema, pero creemos que eso no es suficiente”, contó María Luisa Real, de Cantabria.
Asimismo, Toni Comín, de Cataluña, comentó que “ha pasado lo que hubiera deseado que no pasase, ya que el ministro no ha atendido nuestra solicitud”. “No podemos apoyar la solución que propone Alonso porque no responde a la urgencia de la situación, pero sus palabras nos permiten concluir que reconoce que este Real Decreto no es el adecuado. Desde el momento en que nos dice que hay que discutirlo de nuevo es que reconoce implícitamente que es una norma problemática y que ha tenido consecuencias no deseadas”.
Posible manifestación enfermera
Tanto ellos como Alfonso Alonso sabían que la prescripción enfermera era uno de los puntos fuertes de la reunión. Tenía tanta importancia que el horario de este Consejo Interterritorial se cambió a la tarde ante el miedo de que se produjese una manifestación a las puertas del Ministerio esa misma mañana para protestar durante la llegada de los consejeros y el ministro.
“Hay que tener en cuenta que el cambio en el horario del Consejo Interterritorial pudiera obedecer a que se plantease una manifestación por parte de enfermería en la puerta del Ministerio si se hubiese celebrado la reunión por la mañana”, admitió el consejero extremeño, José María Vergeles.
“Lo que nos queda muy claro es que no lo hubiese derogado incluso sin estar en funciones, porque cuando se han planteado derogaciones de normativas que afectaban a la vida de las personas, este Gobierno ha dicho que es el Consejo de Ministros el que tiene que paralizar. Por lo tanto, si están en funciones, porque están en funciones y si no están en funciones, porque es el Consejo de Ministros”, aseveró Vergeles.
“Es imposible de entender la forma en la que se hizo esto, sin consenso, los documentos que habían pasado por el Consejo Interterritorial fueron cambiados en el último momento, se publicó en el BOE en una época como es el 23 de diciembre y sin pasar por los cauces normales”, resaltó el consejero de Asturias, Francisco del Busto.
Escepticismo
Ante la propuesta del ministro, los consejeros se muestran escépticos porque si esa era la solución, no entienden cómo no se ha hecho antes. “Entendemos que ahora poco se va a hacer. Si hubiese un compromiso de reunir al Foro, se podría haber hecho antes. Creo que llegar a un acuerdo de esta manera puede ser un brindis al sol”, declaró Del Busto.
La consejera y también enfermera Patricia Gómez, de Islas Baleares, concretó que lo que buscamos es “un compromiso de que haya el Gobierno que haya próximamente, se derogue el decreto porque genera más problemas que soluciones a una situación anterior.
“No estamos de acuerdo con la no suspensión del decreto ni con que el Consejo Interterritorial no se manifieste en contra porque, al fin y al cabo, somos las comunidades las que estamos soportando la decisión mal tomada por el Ministerio. No hemos aclarado nada, pero el ministro sabe que somos una mayoría de autonomías las que estamos en contra”, apuntó Jesús Fernández, de Castilla-La Mancha.
Fernando Domínguez, de Navarra, Jon Darpón, de País Vasco, y Sebastián Celaya, de Aragón, fueron otros de los consejeros que se mostraron en contra del decreto durante la reunión y pidieron al ministro la inmediata derogación del mismo.
Las comunidades del PP las únicas “satisfechas”
Mientras que estas 12 comunidades pedían un cambio claro de la norma, las cinco gobernadas por el Partido Popular se mostraron muy satisfechas con el posible acuerdo que les ofreció Alfonso Alonso. Entre ellas, los consejeros de Castilla y León, Antonio María Sáez, y de Murcia, Encarnación Guillén.
“En el caso gallego no ha habido un problema asistencial y creemos que es bueno trasladar el decreto al Foro Profesional para discutir sobre las dudas que haya”, afirmó Jesús Vázquez Almuiña, de Galicia.
De la misma forma se pronunció Jesús Sánchez Martos, de Madrid, que cree que hay que escuchar al Foro porque quizás haya que hacer un análisis de la ley de 2006, que es de donde procede este decreto, “porque es evidente que los enfermeros han dado un cambio importante en cuanto a su legislación académica”. “Siempre se busca el camino más corto, pero no siempre es el más eficaz”, puntualizó Sánchez Martos.
María Martín, de La Rioja, consideró una buena noticia que el ministro haya accedido a tratar esto con el Foro de la profesión porque “lo que queremos es que se llegue a un consenso entre médicos y enfermeros y decidan qué es lo que quieren”.
