Entre dichas modificaciones destacan: el hecho de que se posponen las evaluaciones anuales y la evaluación final de todos los residentes, que los contratos de todos los residentes se prorrogarán automáticamente, y que dichos residentes perciban las retribuciones que les correspondan atendiendo a las funciones que efectivamente realicen, siempre que conlleven un mayor grado de autonomía y menor nivel de supervisión que el que les correspondiera antes de la prórroga de contrato.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) número 93 de 3 de abril una disposición general por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
De este modo, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que se posponen las evaluaciones anuales y la evaluación final de todos los residentes y se prorrogan sus contratos de relación laboral, independientemente de cuál sea la especialidad o el año que estén cursando.
El tiempo transcurrido entre la fecha en la que debería haberse realizado la evaluación final y la fecha en la que esta evaluación final efectivamente se lleve a cabo, computará a efectos de antigüedad, en el supuesto de que dicha evaluación final fuera favorable.
Asimismo, establece que estos residentes perciban las retribuciones que les correspondan atendiendo a las funciones que realicen, «siempre que conlleven un mayor grado de autonomía y menor nivel de supervisión que el que les correspondiera antes de la prórroga de contrato».
La autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma podrán decidir que los residentes presten servicios en unidades con especial necesidad, que pueden estar en su mismo centro, en un centro diferente de la misma comunidad o en una región distinta como formación para adquirir competencias en materia de control de las enfermedades y las situaciones de emergencia (en el caso de Enfermería serán los que debería finalizar el primer curso).
El Ministerio de Sanidad gestionará las solicitudes de las comunidades autónomas que no cuenten con suficientes residentes en formación y podrá solicitar el traslado de éstos a ciudades con mayores necesidades asistenciales. Con el fin de que puedan valorar su disponibilidad para ser contratados, el Ministerio de Sanidad facilitará a las comunidades autónomas los datos de contacto de estos profesionales.
