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 Red Gaditana de Cooperación
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 Las indicaciones del Ministerio de Sanidad son una prueba más de que la interpretación que se viene haciendo desde la Mesa de la Profesión Enfermera sobre el RD es totalmente correcta.
Si quedaba alguna duda respecto a la prescripción, ha quedado resuelta. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través delcoordinador de equipos de Atención Primaria, Enrique Ostalé Baeza, ha pedido expresamente a los médicos que “registren debidamente en la historia clínica del paciente las pautas de los tratamientos médicos, curas, aerosoles, etc. Especificando la composición, dosis y duración del tratamiento, estableciendo la metodología de práctica clínica y asistencial a seguir por la enfermería”.
Estas instrucciones del Gobierno llegan en un momento de máxima tensión sanitaria después de que, en los últimos días varias Consejerías de Sanidad se hayan dirigido a los enfermeros para instarles a que continúen realizando su trabajo como hasta ahora y que, por tanto, incumplan la Ley. A esta situación se une el que algunos sindicatos e instituciones médicas, después de haber permanecido en silencio durante todo el proceso, estén emitiendo comunicados donde se lamentan de los retrasos provocados por la puesta en marcha del Decreto, culpando malintencionadamente a los enfermeros, cuando el blanco de sus quejas debería ser la propia Organización Médica Colegial que es la que ha “obligado” a que se adultere el contenido del decreto que quedó aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial de Salud.
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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya ha publicado la distribución de cada aspirante por centros y aulas para las pruebas que tendrán lugar el próximo domingo. Los listados se pueden consultar introduciendo el DNI en la página http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/oep_listados/listado.asp
33.196 enfermeros realizarán las pruebas este domingo, 31 de enero, a las 8:00 horas, en varios centros de la provincia. Los espacios designados para estos exámenes son el Aulario La Bomba (Paseo Carlos III, nº3) y en las Facultades de Filosofía y Letras (Avenida Gómez Ulla, nº1), Medicina (Plaza Falla, nº9), Ciencias Económicas y Empresariales (Calle Enrique Villegas Vélez, nº2) y Ciencias del Trabajo (C/Enrique Villegas Vélez, nº1).
Por otro lado, Transportes Generales Comes pondrá a disposición de los usuarios una serie de servicios especiales con el objetivo de facilitar el traslado a la capital para la realización de los exámenes de Oferta Pública de Empleo convocada por el Servicio Andaluz de Salud. En los siguientes enlaces podrán acceder a la cartelera especial de la que podrán hacer uso los días 30 y 31 de enero. Esos servicios tendrán parada en la Facultad de Filosofía y en la Facultad de Empresariales.
Horarios Cádiz-San Fernando (por Camposoto y San Marcos)
Horarios de servicios para la provincia
 Francisco Megías-Lizancos y Rafael Campos durante la reunión mantenida con motivo de la presentación del Congreso. ENTREVISTA A FRANCISO MEGÍAS LIZANCOS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL (ANESM)
En menos de dos meses se celebrará en Cádiz el 33 Congreso de la Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental que prevé reunir entre 800 y 1000 enfermeros, un considerable número de profesionales que tal y como señala el presidente de la ANESM, «acudirán impregnados de la ilusionante necesidad de un cambio que haga llegar a la sociedad la realidad del entorno en el que desarrollan su actividad asistencial, docente, gestora e investigadora, así como el de las personas con problemas mentales y sus familias, entendiendo la importancia que tiene el mantener la salud mental en todos y cada uno de los estratos que conforman la comunidad”.
- ¿Cuál es la clave del éxito para contar con la trayectoria de nada menos que 32 congresos celebrados y con notable asistencia y destacada programación?
Desde sus orígenes la Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental (ANESM) se ha caracterizado por tres cualidades: rigor, creatividad y disciplina. Todo ello dentro de un equipo de voluntarios, que desde el principio han estado muy activos, concretando una característica muy significativa y de gran valor humano y solidario. Sigue leyendo …
Los médicos se muestran satisfechos con el artículo recurrido por enfermeros y sindicatos porque, a su juicio, recoge propuestas «siempre en el marco de la mejor protección de la salud, de la seguridad de la atención y de la efectividad alcanzada por el tratamiento de los pacientes».
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) se ha personado ante el Tribunal Supremo (TS) en defensa del Real Decreto que regula la denominada prescripción enfermera, después de los recursos presentados contra el texto por parte de los sindicatos Satse y CCOO y el Consejo de Enfermería.Lo ha decidido la Comisión Permanente del CGCOM, en una reunión en la que ha acordado personarse como «codemandado de la Administración» en todos los recursos interpuestos y en los que vayan a presentarse en el futuro contra la norma aprobadapor el Gobierno el pasado 23 de octubre.
En concreto, se ha personado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal, la misma en la que han presentado sus recursos Satse, CCOO y el Consejo General de Enfermería, que han pedido la suspensión cautelar del párrafo segundo del artículo 3.2 del real decreto, «petición a la que se opone el CGCOM».
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 A partir de ahora todo enfermero que desee trabajar en Reunido Unido deberá acreditar el dominio del idioma inglés. Así se ha acordado en el Consejo de Enfermeras y Matronas (NMC), el Órgano Regulador y Autoridad Competente de la profesión en dicho país.
Dicha acreditación, a partir de este momento, sólo podrá verificarse por tres vías distintas. Una posibilidad es alcanzando una puntuación general mínima de 7 en cada uno de las cuatro áreas que se proponen (lectura, escritura, escucha y habla) en la versión académica del Internacional English Language Testing System. Se trata del único examen de inglés que es aceptado en todos los países que exigen una prueba de idioma a los inmigrantes. El ITLS superado con dicha nota deberá tener una antigüedad menor a dos años previo al registro en el NMC.
La segunda vía es a través de la realización de un curso de pre-registro de enfermero, impartido y evaluado en inglés en un país de la Unión Europea en los últimos dos años. Dicho curso deberá contener, al menos, un 50 por ciento de interacción clínica en inglés con los pacientes, sus familias, los usuarios de la sanidad y otros profesionales sanitarios.
La tercera opción es disponer de dos años de práctica registrada como enfermero en un país donde el inglés sea el lenguaje nativo y se exija una evaluación del idioma para el registro. En este sentido, se hace saber que el NMC contactará con la autoridad de enfermería de dicho país para comprobar el cumplimiento de este requisito. Sigue leyendo …
Las jornadas buscarán que los enfermeros no asuman una responsabilidad que no les corresponde e incurran, por tanto, en un posible delito de intrusismo profesional. Algo que, además, no estará cubierto por la póliza de responsabilidad civil.
La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, SATSE, celebrará esta semana las primeras jornadas sobre responsabilidad profesional que tendrán lugar en los centros sanitarios de todo el país con el objetivo de informar a todos los enfermeros sobre la grave situación de inseguridad jurídica a la que se enfrentan tras la entrada en vigor del Real Decreto que regula la prescripción enfermera.
Se trata de una más de las distintas actuaciones que ha puesto en marcha la Mesa de la Profesión Enfermera para dar a conocer las negativas consecuencias de la norma del Gobierno del PP, tras su entrada en vigor el pasado 24 de diciembre. Las dos primeras jornadas tendrán lugar los días 27 y 28 de enero, en dos centros hospitalarios de Madrid, estando prevista la realización de encuentros de similares características en todas las comunidades autónomas.
¿Qué deben saber? y ¿qué deben hacer los profesionales enfermeros? Éstas serán las principales preguntas a las que se responderá en estas jornadas, cuya intención es que éstos no asuman una responsabilidad que no les corresponde e incurran, por tanto, en un posible delito de intrusismo profesional. Algo que, además, no estará cubierto por la póliza de responsabilidad civil.
De igual manera, en las jornadas se destacará la obligación de todos los gobiernos autonómicos del cumplimiento estricto del RD porque, en caso contrario, estarán incumpliendo un mandato de una normativa básica del Estado español, además de que los protocolos existentes en la práctica asistencial no son válidos tras la entrada en vigor de esta norma.
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Aunque pudiera parecer que una y otra normativa configuran de igual forma las actuaciones de los enfermeros respecto de los medicamentos y productos sanitarios, lo cierto es que existen notables diferencias que resumimos brevemente y que podrán encontrar desarrolladas en el informe jurídico remitido a la Dirección Gerencia del SAS por parte de la MPE.
Como consecuencia de la publicación en el BOE del Real Decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, el pasado 23 de diciembre, el Director Gerente del SAS hizo público un comunicado fechado el pasado 18 de enero de 2016, respecto a la actuación de los enfermeros en el ámbito de la prestación farmacéutica en el Sistema Sanitario andaluz.
La Mesa de la Profesión Enfermera (MPE) ya puso de manifiesto su malestar ante el comunicado emitido por el SAS, ya que éste se dirige solo y exclusivamente a las actuaciones de los enfermeros, cuando la aplicación del Decreto afecta directamente a otros profesionales sanitarios que pueden actuar como prescriptores, como son los médicos, principalmente. La MPE echa en falta indicaciones e instrucciones expresas a estos profesionales ante situaciones en las que se van a ver directamente implicados.
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El Sindicato de Enfermería lamenta la indefensión con la que la Administración sanitaria andaluza deja a sus profesionales de Enfermería y la falta de respaldo jurídico a su actuación.
El Sindicato de Enfermería (SATSE) de Andalucía ha denunciado la publicación por parte del Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, de un comunicado en el que induce a los profesionales de Enfermería al incumplimiento de la ley en materia de prescripción enfermera. Para SATSE, tanto la fórmula de comunicado empleado como el contenido del mismo en referencia a la aplicación del Real Decreto que regula la prescripción enfermera deja a los profesionales de Enfermería andaluces en una grave situación de indefensión, poniendo en riesgo la asistencia que ofrecen a los ciudadanos. En concreto, el Sindicato de Enfermería se refiere al comunicado publicado por Aranda sobre el RD 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras y enfermeros, en el que defiende que la normativa autonómica en esta materia sigue plenamente vigente y por tanto, “las enfermeras y enfermeros del Sistema Sanitario Público de Andalucía, pueden seguir realizando sus actuaciones específicas en el ámbito de la prestación farmacéutica de acuerdo con el Decreto autonómico”.
Sin embargo, SATSE, recalca que, lamentablemente, la norma andaluza ha quedado anulada por el carácter de normativa básica del RD estatal, circunstancia que interesadamente obvia el gerente del SAS trasladando la responsabilidad de incumplirla ley a los propios profesionales, hecho de extrema gravedad y que puede generar graves problemas a los involucrados, además de demostrar una absoluta falta de respeto a la profesión enfermera, ninguneando su criterio profesional respecto a la aplicación de una norma básica estatal. En este sentido, el Sindicato de Enfermería se pregunta si Aranda para dirigirse a sus compañeros de profesión les trasladaría un simple comunicado general sin destinatario concreto.
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Este documento es un avance de otros que se están elaborando, con carácter más específico para dar respuesta a las particularidades de las notas enviadas por cada Comunidad Autónoma.
La Mesa de la Profesión Enfermera ha elaborado un informe jurídico urgente ante las notas informativas o instrucciones que se han emitido en algunas comunidades autónomas, entre ellas la andaluza, en relación con el Real Decreto de Prescripción. Este documento ha sido redactado conjuntamente por las asesorías jurídicas del Consejo General de Enfermería y el Sindicato Satse.
Este informe general es un avance de otros que se están elaborando, con carácter más específico y que se remitirá en los próximos días, para dar respuesta a cada una de las notas informativas, circulares y notificaciones de las mismas emitidas por las Comunidades Autónomas en relación al Decreto. Este documento, dirigido a cada región, estará acompañado por dos modelos de escritos. Uno de ellos irá firmado por los responsables autonómicos de Satse y la organización colegial de cada Comunidad Autónoma y el otro estará enfocado a los enfermeros para que estos puedan remitirlo a su vez a sus respectivas Direcciones Gerencia de los centros sanitarios donde trabajan respondiendo igualmente a las instrucciones y notas autonómicas.
Además, la Mesa de la Profesión Enfermera considera necesario trasladar a las autoridades sanitarias que no sólo deben pronunciarse con notas dirigidas a los profesionales de la Enfermería, sino que también es imprescindible que informen a los médicos para que conozcan con exactitud y detalle en qué les afecta la entrada en vigor de este Decreto y cómo deben proceder.
La trascendencia de las afirmaciones contenidas en las notas emitidas por las CCAA referentes a la nueva normativa ha obligado a la Mesa de la Profesión Enfermera a analizarlas bajo una perspectiva jurídica y extraer conclusiones respecto a varias cuestiones de interés y que generan confusión como la competencia de los gobiernos autonómicos en materia de prestación farmacéutica, la entrada en vigor del Decreto, el Régimen Jurídico de la acreditación, la validez tras la puesta en marcha del Decreto de los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial existentes y la responsabilidad penal y civil de los profesionales.
El informe cierra con conclusiones que ayudarán a los enfermeros a tomar una decisión ante las situaciones con las que se enfrentan en su quehacer diario.
Puede acceder al informe jurídico en el siguiente enlace.
Informe jurídico general-Notas CCAA-def
El Tribunal requiere al Ministerio de Sanidad para que, en el plazo improrrogable de 20 días remita el expediente administrativo de la resolución impugnada y ordena la formación de “pieza separada de medidas cautelares” concediendo cinco días de plazo para audiencia al Gobierno.
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Consejo General de Enfermería contra el párrafo segundo del artículo 3, apartado 2 del Real Decreto de Prescripción Enfermera aprobado por el Gobierno del PP traicionando a la profesión que se veía regulada por él (Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros).
La admisión a trámite del recurso ha sido notificada a las partes a través de una Diligencia de Ordenación emitida por el Tribunal Supremo en la que también requiere al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para que, en el plazo improrrogable de veinte días, remita el expediente administrativo correspondiente a la resolución impugnada, debiendo igualmente practicar los emplazamientos establecidos en la legislación vigente.
En esta misma Diligencia, el Tribunal comunica también la admisión a trámite de la petición de suspensión cautelar solicitada por el Consejo General contra el artículo 3.2 del Real Decreto, y ordena la formación de “pieza separada de medidas cautelares” concediendo audiencia por plazo de cinco días al abogado del Estado que actuará en representación del Gobierno.
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